Bienvenido (a): Invitado!     Registrarse /  Inicia sesión
Venezuela - 23 de Mayo del 2015  
INICIO  
Correo electrónico:
Contraseña:
 
  
Regístrese Aquí
Recuperar Contraseña

Noticias más recientes:
 


Venezuela enfrenta $9 millardos en demandas de expropiaciones por Chávez

Venezuela  /  A raíz de la ola de expropiaciones y nacionalizaciones decretadas por el entonces presidente Hugo Chávez entre 2007 y 2012, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo, después de Argentina, con más demandas internacionales de arbitraje de inversión en su historia (38 en total), lo que le ha generado compromisos por el orden de los 6.500 millones de dólares, aunque los expertos estiman que la suma por concepto de condenas arbitrales podría ubicarse entre $13.000 y $20.000 millones.

Venezuela ocupa además el primer lugar, entre 159 naciones, como el Estado con mayor número de procesos abiertos ante un tribunal arbitral. De los 38 casos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), 20 (52,63%) continúan pendientes, por lo que ahora corresponde al gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una severa crisis económica por la disminución de los precios del petróleo y la falta de divisas, asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por su antecesor.

Durante la administración de Chávez (1999-2013) se iniciaron 37 de las demandas registradas ante el Ciadi, instancia del Banco Mundial creada en 1966 con el fin específico de resolver las controversias relativas a inversiones extranjeras. Antes de su llegada al poder, el Estado venezolano había sido demandado una sola vez, en 1996, por la empresa Fedax por un asunto relacionado con bonos de la deuda pública.

Todo por las expropiaciones

El denominador común de estas demandas es la expropiación de activos a inversionistas extranjeros. De las 37 reclamaciones en cuestión, al menos 33 (86,8%) se ubican en este renglón, mientras que las cuatro restantes, que ya están cerradas, se relacionan con contratos de obra pública, instrumentos de deuda pública (bonos) y la revocatoria de concesiones. De estas últimas, tres tienen su origen en actuaciones adelantadas por gobiernos anteriores a Chávez.

El experto en arbitraje internacional, Gilberto Guerrero-Rocca, explica que las expropiaciones son decisiones soberanas de los países, por tanto lo que se debate en los tribunales arbitrales del Ciadi no es si un Estado puede o no nacionalizar, sino si éste violó alguna de las garantías contenidas en un tratado bilateral de protección de inversiones como, por ejemplo, la justa y pronta indemnización o la negociación con base en la buena fe. De allí que el panorama para Venezuela no sea muy alentador, pues no tiene forma de evitar las consecuencias económicas de haber expropiado a las empresas.

Del total de acciones intentadas contra Venezuela, el mayor número de demandas procede de empresas vinculadas al área de Petróleo, minería y gas con 21 casos (55,3%), entre los que figuran Venoco, Conoco-Phillips, Exxon-Mobil y la minera canadiense Gold Reserve, entre otras. El resto de las solicitudes arbitrales se distribuyen entre nueve sectores a saber: Finanzas e Infraestructura, cada uno con tres casos (7,9%); Alimentos, Producción de cemento y Producción de vidrios, los tres con dos causas (5,3%); Agrícola, Automotriz, Turismo y Telecomunicaciones, con una petición cada uno (2,6%).

Condenas millonarias

De los 18 (47,37%) casos ya concluidos, cinco fueron decididos en el último año con resultados adversos para Venezuela. En este grupo destacan las indemnizaciones a Gold Reserve por $740,3 millones, Owens Illinois por $455 millones, Tidewater por $48,9 millones, el operador chileno IDC y su socio suizo Flughafen Zürich por $33 millones y Exxon-Mobil por $1.600 millones, de los cuales hay que descontar $747 millones ya pagados por una condena previa a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) con ocasión a un arbitraje bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El monto de las cinco condenas asciende a $2.130,2 millones.

Golpe duro por mala fe

Entre los procesos aún en litigio figura la demanda de Conoco-Phillips, el más grande productor independiente de petróleo y gas natural de Estados Unidos. En este caso el panel arbitral determinó que Venezuela incumplió su ‘obligación de negociar de buena fe’ una compensación por la expropiación de sus activos en la Faja del Orinoco, en el año 2007. Pese a este pronunciamiento, el caso continúa abierto pues aún falta por cuantificar el monto de la indemnización.

Guerrero-Rocca, quien también es profesor de arbitraje internacional en la Universidad Católica Andrés Bello y docente invitado en la Escuela de Derecho en la Universidad Internacional de Florida (EEUU), explica que en este caso los árbitros además de establecer la cuantía de la indemnización por expropiación, deberán fijar el monto de la compensación por los daños y perjuicios causados a la empresa al haber adelantado las negociaciones de manera ‘hostil’.

La demanda de esta transnacional es la más cuantiosa interpuesta hasta ahora contra Venezuela. En su solicitud de arbitraje reclama $31.000 millones, pero los especialistas estiman que el monto definitivo será sustancialmente inferior aunque no menor a los $3.000 millones, lo que sumado al total de condenas por expropiación da un saldo de $5.130,2 millones.

Las negociaciones cuentan

Como parte de su estrategia como litigante, Venezuela se sentó a negociar con determinadas empresas y logró transarse por montos inferiores a los solicitados en las demandas; sin embargo son cantidades significativas que engrosan la lista de compromisos adquiridos por la República en materia de arbitraje de inversión.

En este grupo se encuentran las compensaciones logradas con Ternium ($1.970 millones), Eni Dación ($700 millones), Cemex ($600 millones), Holcim ($650 millones), Williams & Exterran ($420 millones) y Vestey Group ($4.800.000). Las primeras tres ya fueron canceladas por lo que sus casos fueron cerrados, mientras que las tres últimas aparecen reflejadas en la página oficial del Ciadi dentro de los casos pendientes. Según los expertos, los procesos no se dan por concluidos hasta que el Estado deudor pague la totalidad de la indemnización.

Por estos seis casos Venezuela asumió, en su momento, una obligación por el orden de $4.344,8 millones, que contabilizada con las cantidades previamente señaladas suma un total de $9.475 millones, lo que equivale a un poco más de la mitad de las reservas internacionales de Venezuela, que al 13 de mayo de 2015 se ubican en $17.875 millones, según la última publicación realizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.

¿Y cómo pagamos?

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, asegura que en el contexto actual a Venezuela se le hace cuesta arriba cancelar las obligaciones adquiridas por concepto de procesos arbitrales, debido a que tiene un déficit de caja importante producto de la caída de los precios del crudo.

Según estimaciones de Ecoanalítica, firma asesora en materia económica y financiera, la República deberá pagar por las demandas que aún tiene pendientes al menos $13.454 millones, lo que representa 39% de los ingresos petroleros previstos para el 2015, que según proyecciones de Oliveros se ubican en $34.000 millones.

Si Venezuela no logra hacer frente a las condenas de los laudos, las consecuencias para el país serán negativas, entre ellas destacan el incremento del riesgo país, una baja calificación crediticia e incluso la posibilidad de que los demandantes soliciten ante los tribunales internacionales la ejecución forzosa de los activos de Venezuela en el extranjero, lo cual implicaría el embargo de bienes por un valor de subasta.

El árbitro internacional Hernando Díaz-Candia no descarta que ésta sea la razón por la cual el Estado venezolano está solicitando la nulidad de algunos de los casos ya sentenciados como el de Exxon-Mobil, ya que ‘es una forma de alargar los procesos y ganar tiempo’.

Oliveros explica que toda esta situación se hubiese evitado si el Ejecutivo no hubiera expropiado los activos de los inversionistas. Considera que estas medidas eran innecesarias, sobre todo si se toma en cuenta que en la mayoría de las empresas que pasaron a manos del Estado ‘el desempeño deja mucho que desear porque se hicieron más ineficientes en manos públicas’.

Por su parte, el especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba Uribe, afirma que Venezuela no hubiese sido demandada si el Gobierno hubiera pagado una justa indemnización en cada caso desde el primer momento.

Millones en defensa

El Estado venezolano se ha defendido ‘bastante bien’ en cada una de las demandas en su contra, asegura Guerrero-Rocca. Para ello contrató los servicios de varios bufetes norteamericanos con experiencia en arbitraje de inversión, los cuales han generado hasta ahora, según las estimaciones de los especialistas, gastos aproximados a $200 millones entre honorarios profesionales, traslados, experticias, entre otros conceptos. En la lista de firmas contratadas se encuentran: Arnold & Porter, Shearman & Sterling, Squire Sanders & Dempsey, Hogan Lovells; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP y Foley Hoag LLP. Actualmente, los dos últimos tienen más casos representando a Venezuela.

Según un estudio realizado por Guerrero-Rocca, donde analiza la estrategia de defensa de Venezuela y la compara con el caso argentino, el Estado venezolano se convirtió en un litigante exitoso porque logró disminuir sustancialmente el quantum de las indemnizaciones exigidas en varias de las reclamaciones, como en los casos de Tidewater, Tenaris y Exxon-Mobil, que es el más emblemático porque Venezuela fue demandada por $15.000 millones, pero al final fue condenada a pagar $1.600 millones.

Mala señal

El hecho de que el Estado venezolano encabece la lista negra de los países con más reclamaciones pendientes ante el Ciadi, tiene efectos negativos, según señala Hernando Díaz-Candia, quien también es profesor en el doctorado de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, esta situación envía a la comunidad internacional la señal de que Venezuela es un país que no cumple las obligaciones derivadas de los tratados bilaterales de protección de inversiones; pero además contribuye a desalentar la inversión en el territorio nacional.

Díaz-Candia afirma que ante este panorama lo más probable es que los inversionistas se sientan más seguros de hacer negocios con un país como Brasil, que aun cuando no posee tratados de inversión vigentes con otros Estados, sigue atrayendo capitales extranjeros porque respeta las normas de su propio ordenamiento jurídico.

Decisión errada

El 24 de enero de 2012 Venezuela manifestó su voluntad de desvincularse del Ciadi, tras estar adherida a esta instancia desde 1993. El Ejecutivo fundamentó su decisión en la defensa de la soberanía, pero además cuestionó la imparcialidad del órgano internacional alegando que en casi todos los casos que ha conocido a lo largo de su historia, ha fallado a favor de los intereses de las transnacionales.

Todos los especialistas consultados por El Universal coinciden en señalar que la decisión fue errada, pues el retiro de Venezuela del Ciadi no paralizará los procesos en curso ni la eximirá de sus potenciales condenas, mucho menos garantiza que no seguirá siendo demandada de continuar con su política de expropiaciones sin el pago de una compensación justa, pues el Ejecutivo ha suscrito más de 20 tratados bilaterales en los cuales la República ha acordado someterse a la figura del arbitraje internacional, y éstos continúan vigentes por muchos años más.

A juicio de Alba Uribe, la decisión tampoco fue acertada porque dio lugar a que se incrementaran las demandas, ya que muchos inversionistas prefirieron actuar antes de que se hiciera oficial la salida de Venezuela del organismo.

Por su parte, Guerrero-Rocca asevera que el Ejecutivo no evaluó bien el impacto de retirarse del órgano arbitral. Afirma que Venezuela se vio favorecida en varios de los procesos gracias a las complejidades del sistema Ciadi, que impone a los demandantes una serie de requisitos a cumplir para poder admitir el trámite. Citó como ejemplo los casos de Opic Karimun, Brandes (accionistas de Cantv), Nova Scotia, Vanessa Ventures, Highbury y Venoco. En su criterio, no pasará mucho tiempo antes de que Venezuela empiece a extrañar al Ciadi. (deInmediato)

Comprar viviendas sin pago de inicial podría empezar en octubre

Foto: Andina
Ecuador  /  Nuevo financiamiento de viviendas favorecería a independientes y beneficiaría a unas 40 mil familias en los primeros dos años.

La ley elaborada por el Ministerio de Vivienda para dinamizar el mercado inmobiliario a través del arrendamiento se enviará en pocos días al Congreso y podría entrar en funcionamiento desde octubre.

“Será una solución de aplicación inmediata para el acceso a vivienda”, dice Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo Mivivienda. Según las proyecciones, en los dos primeros años de esta ley se podría beneficiar con inmuebles a más de 40 mil familias, las que no tendrán que pagar cuota inicial.

Este nuevo mecanismo de financiamiento, que triplicaría la demanda efectiva de viviendas, está pensado para los trabajadores independientes o personas con ingresos irregulares –el grupo donde está la mayor cantidad de clientes potenciales– a quienes hoy les resulta complicado conseguir el visto bueno del sistema financiero para obtener un crédito hipotecario.

La norma incluye dos opciones para acceder a una vivienda: un alquiler con opción de compra y el leasing inmobiliario. En la primera, el cliente ocupará una propiedad por un periodo corto que podría ir de dos a tres años, para que en la práctica demuestre su capacidad de pago. Esta es una alternativa a los ahorros en cuenta que hoy exigen los bancos para la buena calificación, y que son severos si uno, por ejemplo, se retrasa en un depósito. Quien hoy vive en un lugar alquilado y a la vez deposita este ahorro para crear su récord crediticio, resolvería ambos temas con un solo paso.

El alquiler-compra es también un paso previo para acceder al leasing inmobiliario, que como en el caso de un leasing para el uso de una maquinaria o un automóvil, el cliente obtiene la vivienda luego de cumplir con el plazo de pagos que se fija por contrato. Aquí aplicarán con mayor facilidad las personas no asalariadas, pero que tengan ingresos regulares. “En esta modalidad, el banco o quien financie el leasing es propietario del inmueble con un marco de seguridad jurídica que le permite recuperar esta propiedad en caso el cliente no cumpla”, dice Freiberg.

Las cuotas mensuales podrían ser más altas que ahora porque se financiará un monto mayor, pero la competencia en esta modalidad podría también bajar las tasas de interés.

MERCADO EN ESPERA
Dependerá de las empresas inmobiliarias determinar cuáles de sus proyectos los ofrecerán con esta modalidad y cuáles no. No hay un límite en el precio de la vivienda que se compre bajo esta opción, aunque el objetivo del gobierno es dinamizar las colocaciones entre los segmentos emergentes y que los desarrolladores se animen a construir más para este público.

Gerardo Freiberg señala que esta propuesta ha sido bien aceptada por bancos, y que se mantienen reuniones con Asbanc para que las entidades financieras puedan tener los procedimientos listos para brindar este servicio, sin esperar que esta ley se promulgue para recién comenzar.

Enrique Zevallos, gerente general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú), dice que en este último punto pueden ocurrir algunas demoras porque los bancos no tienen todavía una logística apropiada para la administración de bienes inmuebles. Sin embargo, señala que la ley es muy atractiva porque abre posibilidades a un nuevo negocio y ha generado interés de fondos de inversión que lanzarían nuevos proyectos solo para alquiler. Además, la modalidad de alquiler-compra sería muy útil para que las empresas logren bajar su stock que por la desaceleración económica se ha tardado más en vender.

Julio Escalante Rojas
@cinefilomnivoro

 
 

La ciudad del caos mediterráneo

La plaza de las Glòries encara su enésima reformulación. / Albert Garcia
España  /  Ciutadans no pretende entrar en el consistorio para presentar una enmienda a la totalidad del modelo urbano existente. La candidatura de Carina Mejías más bien parece dispuesta a escuchar todas las propuestas urbanísticas, vengan de donde vengan, siempre que sean razonables y ayuden a equilibrar Barcelona. Dicen sentirse a gusto en el caos propio de una ciudad mediterránea, aún sabiendo que obliga a relacionarse permanentemente con el conflicto; quieren gestionarlo para evitar, justamente, que el caos se adueñe de la ciudad.

En su imaginario, conviven proyectos concretos y modestos, del tipo elaboración de un censo de solares vacíos para incentivar su entrada en el mercado inmobiliario, con una predisposición a impulsar obras complejas y presumiblemente polémicas, como el soterramiento de Vía Laietana, la Meridiana o la calle Urgell. Los asesores de Ciutadans acarician la idea de construir, a medio plazo, túneles para la circulación subterránea en las grandes vías urbanas, no sólo como un factor de mejora de la movilidad interior de la ciudad, sino como elemento clave para generar superficies públicas susceptibles de ser destinadas a espacio verde.

El desequilibrio verde entre los diferentes distritos es considerado uno de los déficits más graves de la ciudad; lo quieren combatir de forma prioritaria, con especial atención en el Eixample, donde la ratio de metros cuadrados por persona es de 1.80, muy lejos de los 10m2 por persona aconsejados por la OMS. Creen que las medidas emprendidas para recuperar los interiores de las manzanas han fracasado. Están de acuerdo con la autorización de una sexta planta en los inmuebles para compensar la edificación interior perdida; sin embargo, la ven como una iniciativa de resultados limitados, por eso apoyarían la construcción de túneles y soterramientos en general para ganar en parques y jardines. De hecho, dicen, es lo que se está haciendo en Glòries, copiar la solución aplicada hace muchos años en la plaza de España, pero con más ambición.

No nos da miedo entrar en ningún proyecto, siempre que valga la pena. Este podría ser su eslogan urbanístico. Aunque como salvaguarda, proponen que las grandes obras deban obtener el aval de los vecinos, según sea su escala de influencia, a nivel de ciudad, de distrito o de barrio. En esta línea, darían su apoyo a recuperación de la perspectiva original de la Sagrada Familia, según la dibujó Gaudí, la plaza estrellada, aunque ello implique abordar la demolición de diversas manzanas de edificios, siempre que el proyecto se desarrolle sin prisas y sin traumas.

Hoteles, apartamentos turísticos, terrazas o centros comerciales forman parte, a su juicio, del caos propio de la ciudad que hay que gestionar con planes de ordenación pero sin apagar la chispa mediterránea. En todo caso, buscando una cierta coherencia. Si queremos ser una ciudad turística, dicen, no se puede cerrar el mes de agosto; de la misma forma que si la ciudad necesita nuevos hoteles no puede ser que lo decidan los hoteleros por el simple hecho de no disponer de un estudio o ordenamiento, salvo en Ciutat Vella, sobre las posibles ubicaciones. Su razonamiento sobre la casuística de contradicciones evidentes y aparentemente fáciles de abordar les lleva de la cuestión de la ciudad sostenible y las emisiones contaminantes al puerto y a los cruceros, fuente de turismo y grandes agentes contaminadores de Barcelona. Entienden que el problema disminuiría en buena medida con solo ofrecerles una conexión eléctrica estándar que les permitiera parar los motores mientras están amarrados.

Su catálogo de propuestas abarca también algún cambio de modelo, concretamente en el ámbito de la vivienda, tanto para la de propiedad como para la de alquiler. Su planteamiento general arranca de la voluntad de evitar políticas restrictivas que frenen el crecimiento urbanístico y disparen de nuevo los precios; a partir de este punto, son partidarios de explorar nuevas formas de propiedad, desde las cooperativas, a los servicios compartidos o la cesión del suelo. Su apuesta preferente es la creación de un parque de vivienda de alquiler asequible, impulsado y controlado desde el ayuntamiento, a partir de las cesiones obligatorias de suelo y la negociación con los bancos, que permita poder ofrecer un piso a todos aquellos que lo necesiten y hacerlo en función de su edad. Esto implicaría introducir el factor de la movilidad en la gestión del parque inmobiliario: los inquilinos irían cambiando de piso en función de las diferentes etapas de la vida.

La única enmienda a la totalidad es al carácter metropolitano de la ciudad, por defecto y timidez de la actual área metropolitana. Ciutadans quiere una Barcelona capital de la región metropolitana, institucionalizada como tal, abarcando una corona territorial con un radio de 60 o 70 kilómetros, desde Blanes a Vilanova i la Geltrú y hasta Igualada y Manresa, con una población de 5,2 millones de habitantes. Al estilo de París y la Îlle de France y con plena conciencia de que este concepto chocará con toda seguridad con la idea de la Catalunya-nación, como ya ocurrió con la Corporación Metropolitana de Barcelona, y con el equilibrio noucentista de la Catalunya-ciutat. Creen que es el estatus más adecuado para Barcelona, la dimensión más ajustada a las infraestructuras que necesita y la propuesta que más beneficios aportaría al conjunto de la región, desde la planificación urbanística a las comunicaciones.
Anuncie sus Inmuebles
Publique su clasificado con todo detalle y hasta 10 fotos
Noticias para su sitio web
Agregue en su blog o página web un resumen de noticias inmobiliarias.

 
 
Venezuela
XXV Convención Nacional de la Industria de la Construcción
  • Fecha: 27/05/2015 al 27/05/2015
  • Organizado por: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC)
  • Tipo: Convención
  • Lugar: Hotel Tamanaco - Caracas
  • ver información completa »
    ver todos los eventos »
     
    ;
     
    Buscar Inmuebles:

    - Apartamentos en venta en Caracas
    - Apartamentos en venta en Valencia
    - Apartamentos en alquiler
    - Casas en venta en Caracas
    - Casas en venta en Valencia
    - Casas en alquiler
    - Oficinas en venta en Caracas
    - Oficinas en venta en Valencia
    - Oficinas en alquiler
    - Locales comerciales en venta en Caracas
    - Locales comerciales en venta en Valencia
    - Locales comerciales en alquiler
    - Town Houses en venta
    - Town Houses en alquiler
    - Terrenos en venta en Caracas
    - Terrenos en venta en Valencia
    - Edificios en venta
    - Buscar más inmuebles...



    AVISO IMPORTANTE:

    Este Portal Inmobiliario (sitio web) es un producto de Servicios InmoSoft, C.A., (la empresa) RIF J-30494154-4. Todos los derechos reservados.

    La empresa NO participa como parte ni intermediaria en ninguna de las operaciones de los inmuebles y proyectos anunciados en este sitio web. La empresa NO se hace responsable por la información suministrada por los usuarios de este sitio web, en los anuncios publicados (calidad, cantidad, estado físico, legitimidad, financiamiento, datos personales y cualquier otra información incluida en la publicidad del inmueble o proyecto). Igualmente la empresa NO comparte ni se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este sitio web. Los anuncios, comentarios y opiniones aquí publicados son exclusiva responsabilidad de quién los escribe. Ver Términos y Condiciones de Uso de este sitio web.

     
      inmuebles.com como página de inicio  
     
    Inicio  |   Registro  |   Contáctenos  |   Mapa del Sitio
    Software  |   Mercado Inmobiliario  |   Directorio  |   Servicios  |   Herramientas  |   Noticias  |   Eventos  |   Indicadores